El Banco Central del Uruguay (BCU) envió al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) un anteproyecto de ley que busca modificar la normativa financiera actual, con el objetivo de impedir que los niños y adolescentes queden incorporados en las bases de datos de morosidad por obligaciones comerciales asumidas en su nombre.

La iniciativa surge tras constatarse que el marco legal vigente permite a los padres o tutores solicitar créditos o tarjetas utilizando la representación legal de los menores, sin que existan mecanismos de control judicial previo ni un seguimiento posterior sobre el cumplimiento de los pagos.

La propuesta legislativa establece de manera formal que toda la información crediticia generada bajo esta modalidad sea adjudicada y reportada exclusivamente a nombre de los adultos que firmaron los contratos.

De aprobarse el texto, las entidades financieras tendrán prohibido remitir los datos filiatorios de los menores tanto a la Central de Riesgos Crediticios del BCU como a las bases de Clearing y registros privados del sector comercial. La normativa detalla que este blindaje sobre el historial crediticio mantendrá su vigencia de forma permanente, impidiendo la inclusión de las personas afectadas incluso después de que estas hayan alcanzado la mayoría de edad.

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