El Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios aprobó, por mayoría, una partida mensual de 20 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), equivalente a unos $ 131.520, para los próximos directores, pese a que la ley establece que esos cargos deben ser honorarios.

La resolución fue votada cuatro a dos, con el rechazo del presidente Daniel Alza y la vicepresidenta Virginia Romero, quienes la impugnaron ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), dejando la medida en suspenso. Votaron a favor el representante de los jubilados, el futuro presidente de la Caja de Profesionales, Fernando Rodríguez Sanguinetti, y los dos delegados del Poder Ejecutivo. El director Blauco Rodríguez no participó y pidió reconsiderar la decisión.

El tema generó cuestionamientos políticos. El diputado Conrado Rodríguez calificó la medida de “totalmente ilegal”. Además, un informe jurídico de la propia Caja señaló que asignar un monto fijo sin rendición de gastos constituye un “indicio claro de ilegalidad”.

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, manifestó sorpresa y desacuerdo con la resolución y aseguró que el gobierno analiza un mecanismo de revisión.

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